Biblioteca Escéptica

Los dineros de Dios (José Manuel Vidal)

Posted by Biblioteca Escéptica en febrero 13, 2008

Una breve biografía del autor

LA IGLESIA española maneja un presupuesto anual de entre 100.000 y 150.000 millones. Está exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles y no cotiza a la hora de pedir licencias de construcción. Este patrimonio es administrado por los economistas de la Iglesia, hoy cuestionados por el escándalo de Gescartera.

Los obispos españoles sostienen que la suya es «una Iglesia pobre al servicio de los pobres». Pero el rastro de 2.000 millones procedentes de distintas congregaciones y obispados, e invertidos en el chiringuito especulador de Gescartera, han despertado la curiosidad sobre el verdadero patrimonio de la Iglesia: ¿Cómo una institución sin ánimo de lucro se puede permitir riesgos bursátiles milmillonarios? ¿Cuál es el estado real de la economía de la Iglesia católica española? Los expertos calculan que el presupuesto anual de la institución fluctúa entre los 100.000 y los 150.000 millones de pesetas, una cifra que duplica, por ejemplo, los recursos anuales que gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y semejante a los de Editorial Planeta, el Grupo Abengoa o la empresa Construcciones Aeronáuticas. En plena tormenta mediática, las jerarquías eclesiales prefieren guardar silencio sobre sus cuentas.

Es evidente que la institución se ha dejado muchos pelos económicos en la gatera de la Historia. Se calcula que, a mediados del siglo XVIII, poseía el 15% de las tierras, el 10% del ganado, el 44% de los ingresos netos, el 76% de los censos y el 2% de las rentas procedentes del comercio, la industria y los salarios de lo que entonces era España. La desamortización de Mendizábal le metió un buen tajo al poderío económico de la Iglesia. La República quiso arruinarla del todo, pero el régimen de Franco le devolvió sus prebendas y conquistó su docilidad con todo tipo de privilegios, muchos de los cuales ha sabido mantener en la transición y durante la democracia.

Por ejemplo, la Iglesia apenas paga impuestos: está exenta de abonar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y ni siquiera cotiza a la hora de pedir licencias de construcción. Un beneficio que no comparten otras confesiones con presencia en España.

Además, ni curas ni obispos hacen la declaración de la renta. Los obispos porque, aunque siguen teniendo la categoría de un ministro en el protocolo, reciben un sueldo menor al de un barrendero o un peón de albañil: 125.000 pesetas. Pero, además de su sueldo, reciben entre cinco y diez millones al año en gastos de representación y gestionan (sólo sometidos a la supervisión del Vaticano) los cientos o miles de millones con los que funcionan sus respectivas diócesis. Algunas con presupuestos milmillonarios y otras, las más pequeñas, que no bajan de los 200 millones anuales.

Los curas cobran un sueldo medio de 100.000 pesetas (excepto los que dan clases, que ganan bastante más). También ellos, en la práctica, ingresan más por otros conceptos. Al sueldo neto mensual hay que sumarle la vivienda, el kilometraje recorrido en la actividad pastoral, unas 30.000 pesetas mensuales más de estipendios (los honorarios por decir misa), así como lo ingresado por el cepillo y por la administración de sacramentos (bautizos, bodas o entierros). En total, un buen pellizco que, en ningún caso, baja de las 200.000 pesetas mensuales. Vivir como un cura ya no es sinónimo de existencia pantagruélica, pero para algunos sigue siendo símbolo de vida acomodada, con todas las necesidades cubiertas y sin amenaza de paro.

Aunque la transparencia es una de las condiciones de su credibilidad, la verdad es que los dineros de la Iglesia siguen siendo un tema tabú. La Conferencia Episcopal ampara su silencio en la autonomía contable y financiera de las 68 diócesis españolas. «Nosotros no actuamos como un banco con sucursales y estamos mucho más descentralizados que la sociedad civil», suele explicar en este sentido el máximo responsable de finanzas de la Iglesia, el sacerdote abulense Bernardo Herráez.

La Iglesia poseía a principios del siglo XIX casi un tercio de la tierra productiva española. En 1931, le quedaban 11.921 fincas rústicas, 7.828 predios urbanos y 4.192 censos. A comienzo de los 90, la Iglesia poseía todavía unas 100.00 hectáreas de tierras agrícolas repartidas por España y mantenía 40 latifundios. Por ejemplo, la asociación Piedras Santas de Badajoz tiene una finca de 7.773 hectáreas; el patronato San Cristóbal de Jaén, otra de 4.483 o el arzobispado de Barcelona, otra de 600 hectáreas en Olesa.

Otro capítulo importantísimo de ingresos eclesiales son las herencias o testamentarías a favor de diversos organismos de la Iglesia. Por ejemplo, las Obras Misionales Pontificias reciben una media de 50 herencias al año de casas, edificios enteros, pequeños negocios o dinero en efectivo.

SUBVENCIONES

Además de herencias y rendimientos del patrimonio, hay que tener en cuenta que las subvenciones a los colegios religiosos pueden multiplicar por tres o por cuatro los 21.000 millones de la aportación estatal para el culto. Más aún, los expertos aseguran que «la financiación de la Iglesia por medio de beneficios fiscales es más importante que la entregada directamente». Sin olvidar que una de sus actividades económicas más lucrativas es la edición de libros, vídeos, casetes, y discos, así como los ingresos obtenidos a través de sus medios de comunicación propios (Cope y diversas emisoras diocesanas). A todo ello hay que sumar la gestión y venta de sepulturas en cementerios de titularidad parroquial. Según fuentes del sector, este capítulo de ingresos podría superar los 500 millones anuales.

Los 100.000 ó 150.000 millones que manejan los expertos como aproximación al presupuesto anual de la Iglesia se convierten, además, en una cifra con trampa, porque sólo incluye los dineros de las 68 diócesis y deja fuera los presupuestos de las 241 congregaciones religiosas femeninas y del centenar de órdenes masculinas, algunas tan importantes como los jesuitas o los dominicos. Escapan también a esta contabilidad las cuentas de numerosos institutos de vida consagrada, fundaciones de todo tipo y nuevos movimientos religiosos (Opus Dei, Comunión y Liberación, Neocatecumenales, Legionarios, Focolares y Carismáticos) que funcionan de forma autónoma. Un simple ejemplo: la Iglesia controla más de 200 centros de educación universitaria, 2.500 colegios de primaria y secundaria, así como 2.268 centros de preescolar e infantil.

También es una gran potencia inmobiliaria. No hay pueblo sin iglesia y casa rectoral (la casa del cura), ni ciudad sin catedral, ni monte sin ermita, convento o santuario. Se le calculan unos 100.000 inmuebles. Dicho de otra forma: el 80% del patrimonio histórico artístico nacional pertenece a la Iglesia.

SIN INVENTARIO

Aunque nadie sabe exactamente la cuantía de este patrimonio. Hace ya 20 años, en 1982, Iglesia y Estado firmaron un acuerdo para elaborar un inventario de los bienes inmuebles de valor artístico en manos eclesiásticas. Pero sólo está hecho el de unas cuantas diócesis. Según un informe del ex secretario nacional del Patrimonio Cultural de la Iglesia, Ángel Sancho, éste «está integrado por 60.000 inmuebles, un patrimonio mueble inconmensurable, cerca de 400 museos abiertos al público, numerosos archivos imprescindibles para el conocimiento de nuestra Historia y un volumen equivalente de bibliotecas». Otras fuentes cifran en más de 100.000 los bienes inmuebles de la Iglesia. Téngase en cuenta que la mayoría de los 21.158 sacerdotes españoles posee un piso o una casa de la Iglesia.

El 70% del suelo habitable de la ciudad vieja de Toledo está en manos de la Iglesia. Y lo mismo puede decirse de Ávila, Burgos o Santiago de Compostela. Hay zonas de Madrid donde se encuentran edificios de titularidad religiosa cada 200 metros. Y es que, a las 468 parroquias abiertas al culto en la capital, hay que añadir los edificios colindantes de uso pastoral y los más de 1.000 pisos en propiedad, donde suelen vivir párrocos y coadjutores. Hay que sumar los 1.082 conventos de monjas y frailes, muchos de ellos situados en zonas privilegiadas de la ciudad. De ahí la gran concentración de conventos en la zona de Arturo Soria o en la Ciudad Universitaria, por poner sólo dos ejemplos.

La archidiócesis madrileña cuenta además con 187 centros de asociaciones y movimientos eclesiales, 43 casas de oración, 19 casas de acogida, seis residencias de minusválidos, 31 residencias de ancianos, 65 albergues de transeúntes, cuatro comedores, cuatro centros de mujeres marginadas y 24 colegios mayores y residencias universitarias. Suma y sigue: 29 centros de enseñanza infantiles, 284 colegios y unos 30 centros de enseñanza superior, nueve hospitales y 300 centros caritativo sociales.

Lógicamente, Madrid es, junto con Milán, Chicago, Bostón o Nueva York, una de las archidiócesis más importantes del mundo. De hecho, el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, rige una diócesis con un presupuesto de casi 10.000 millones. Pero hay otras diócesis españolas con presupuestos milmillonarios. Barcelona presupuesta 3.000 millones al año, sin contar los ingresos parroquiales, que la situarían en los 6.000 millones. En parecidas coordenadas se mueven Valencia o Sevilla. Un escalón por debajo se sitúan las diócesis de talla media como Bilbao o Zaragoza, cuyo presupuesto ronda los 1.500 millones.

Tras las ricas, vienen un puñado de diócesis cuyos presupuestos fluctúan entre los 1.000 y los 500 millones. Por ejemplo, Granada, con un presupuesto de 927 millones, Santiago de Compostela, Pamplona, Tarragona o Murcia. Después se sitúan las diócesis medias, pero que aún así gestionan más de 200 millones, como Segovia, Lugo, Ourense, Oviedo, Salamanca, Getafe, Cádiz o Toledo. Y por último, las más pobres (generalmente las rurales con escasa población) como Jaca, con 154.

En situación semejante se encuentran Guadix Baza, Barbastro Monzón, Tarazona o Ciudad Rodrigo.

De los 150.000 millones que precisa anualmente la Iglesia, en torno a un 16% 23.525 millones proceden de las arcas del Estado a través de la asignación tributaria. El 84% restante, más de 120.000 millones, proviene de las aportaciones directas de los fieles (el cepillo es el mayor recaudador de España), arrendamientos y rendimientos de inversiones y rentas del patrimonio. Más en concreto, el 6,6% de los ingresos eclesiales corresponde a servicios y rentas del patrimonio; las aportaciones de los fieles suponen el 63,3% y las subvenciones, el 21,1%.

El sostenimiento del clero (20.000 curas censados) es la partida más alta en la columna de los gastos eclesiales: 18.000 millones. Sólo en Seguridad Social los obispos desembolsan más de 2.200 millones de pesetas anuales. 211 millones se destinan a pagar los sueldos de los obispos (81 prelados en activo y 32 eméritos), 207 millones sostienen a la Conferencia Episcopal, 16 millones se envían anualmente a la Santa Sede y 15 millones ayudan al Tercer Mundo.

Bolsa, renta fija y bienes inmuebles constituyen tres mercados en los que buena parte del clero español busca su moderno milagro de los panes y los peces. Y es que la Iglesia, como cualquier otra institución, necesita dinero. Eso sí, según el Vaticano II, sólo le es lícito poseerlo para tres cosas: «Para la ordenación del culto, para procurar la honesta sustentación del clero y para ejercer las obras del sagrado apostolado o de la caridad, señaladamente con los menesterosos». Un dato que refleja la capacidad negociadora del clero es el hecho de que una conocida sociedad de valores madrileña controle, desde hace tiempo, los cientos de millones que el arzobispado de Madrid invierte en letras y pagarés del Tesoro.

Otro dato del potencial económico eclesial son esas 30 organizaciones religiosas que mantenían una inversión de casi 2.000 millones en Gescartera, unos riesgos que van desde los 465 millones de las Agustinas Misioneras, a los cuatro millones del obispado de Tui Vigo, pasando por los 107 millones de los Salesianos o los 51 millones del obispado de Astorga.

«En estos días que corren, lo que no puede hacerse con estas cantidades es guardarlo en el cajón de la mesilla», justificaba el obispo de Astorga su inversión en Gescartera. De las mesillas de cada diócesis se encarga una figura específica, una suerte de fraile administrador con funciones de economista como en cualquier empresa que tiene total autonomía para invertir el dinero que recibe la congregación hasta el momento en que tenga que ser utilizado en alguna misión diocesana.

La privacidad de los datos fiscales impide conocer hasta qué punto los dineros de la Iglesia se invierten en operaciones especulativas como la de Gescartera. Pero ésta no es la primera vez que diversas inversiones del clero se encontraron en bolsillos comprometedores. Ya en 1994, debido a los procesos contra Javier de la Rosa, se descubrió que tanto en el Grupo Torras como en Grand Tibidabo tenían acciones 14 conventos y los arzobispados de Toledo y Barcelona.

Para PSOE e IU, casos como los citados obligan a abrir el debate sobre la financiación que el Estado vuelca en unas instituciones incluyen a las ONG, organizaciones sin ánimo de lucro también descubiertas en operaciones especulativas que compiten en el mercado bursátil y financiero con cualquier otro accionista o inversor particular apoyados en ventajas fiscales que rayan con la competencia desleal.

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Bernardo Herráez, reconocía el viernes que el escándalo suscitado sobre la inversión de diócesis, congregaciones religiosas e instituciones eclesiásticas en Gescartera está haciendo mucho «daño moral, no económico», a la Iglesia, dado que está creando la imagen de que la institución se dedica a especular con el dinero que recibe de los fieles o del Estado.

El Mundo 26/08/2001

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